Andrés de la Oliva Santos fundó en mayo de 1982 con su padre, Andrés de la Oliva de Castro y con su discípulo Javier Cons García, el Despacho que acabó llamándose “De la Oliva y Cons, Abogados” y que hoy, más de 30 años después, sigue teniendo su sede principal en la calle Claudio Coello de Madrid, con una sucursal abierta en Pontevedra, y sigue contando con su fundador, Andrés de la Oliva Santos, como Abogado no ejerciente, socio no profesional y está vinculado al Bufete como consultor.

Andrés en mayo de 1982 era Catedrático de Derecho Procesal en la nueva Universidad madrileña de Alcalá de Henares (la “Complutense auténtica” como la llaman algunos jocosamente; pues hablando en serio no cabe semejante broma) pero ni siquiera tardó dos años en ganar su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que ha mantenido hasta su jubilación.

En Madrid ha habido una larguísima tradición de que los Catedráticos de Derecho Procesal de sus Universidades nunca han logrado montar Despacho de Abogado mínimamente exitoso y duradero.

Sin embargo ahora, esa tradición tiene una excepción tan patente, que si no es la excepción que confirma la regla, se le parece mucho.

Sus socios y los otros abogados del Despacho, tanto los antiguos como los más nuevos, seguimos teniendo en su presencia, en su particular finura jurídica y en su sentido de la responsabilidad, algo más que un ejemplo y un poderoso acicate para la exigencia de la mayor excelencia en el desarrollo de nuestro trabajo. Somos todos conscientes de que si algo somos en la abogacía madrileña, se lo debemos a que él siempre ha sido y sigue siendo el alma mater de nuestro Despacho.

Asociación para la calidad y la ética en la abogacía.
Dada la complejidad del mundo jurídico es imprescindible estar especializado para dar un servicio de calidad. Es inmoral y contrario a la ética profesional embarcar al cliente en una defensa en materia que no se conoce suficientemente. Si nosotros aceptamos su caso es porque lo llevaremos excelentemente. Si no, le recomendaremos quién puede atenderle.

Quienes tengan memoria de cómo han sido las cosas en España en materia de despenalización del aborto, quizás recuerden que la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio despenalizó el aborto en tres supuestos, justo inmediatamente después de que la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985 desestimara el recurso previo de inconstitucionalidad poniendo algunas condiciones al Estado para proteger la vida intrauterina por vías no penales. El B.O.E. de 2 de agosto del mismo año publicó la Orden Ministerial de 31 de julio en la que, resumidamente, se ordenaba la creación, en todos los centros acreditados para la práctica de abortos “legales”, de unas Comisiones de Evaluación formadas por tres médicos, un enfermero y un asistente social, con la función de “facilitar el cumplimiento de lo previsto en la Ley”.

No hemos logrado comprobar datos estadísticos oficiales del número de abortos legales practicados en España en el resto del año 1985, pero sí de los practicados en todo el año 1986: 411 en toda España.

La razón parecía obvia: aun no existiendo en las Comisiones de Evaluación ningún juez, policía, abogado o sacerdote, lo que estaba pasando es que los profesionales sanitarios, que tenían que comprobar que las embarazadas solicitantes de la práctica de abortos estaban en alguno de los tres casos despenalizados, llegaban, frecuente y obviamente, a la conclusión de que la inmensa mayoría no encajaban en ninguno de ellos.

El Gobierno socialista de entonces, consciente de esto, año y medio después aprobó el Real Decreto 2409/1986 de 21 de noviembre en el que derogaba la Orden Ministerial de 31 de julio del año anterior, haciendo desaparecer las Comisiones de Evaluación y, resumiendo mucho, facultando a un solo médico del propio centro acreditado para aprobar la práctica del aborto.

No había terminado el mes de noviembre de 1986, es decir, a la semana de la publicación en el BOE, cuando pidió cita en el Despacho un educadísimo caballero, de nombre D. Fernando Gortázar Landecho, que se presentó como Presidente de la asociación “Acción Familiar” con el encargo de que recurriéramos el Real Decreto en cuestión con el argumento de que la desaparición de las Comisiones de Evaluación dejaba al sistema carente de las más mínimas garantías de defensa de la vida intrauterina reclamadas por la tan citada sentencia del TC de abril de 1985. También nos aclaró, inmediatamente, que la Asociación no tenía medio de pagarnos nuestros honorarios por esa defensa ni en todo ni en parte.

Por supuesto, con Andrés de la Oliva, aceptamos el encargo y recurrimos el Real Decreto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, al tratarse de un acto del Consejo de Ministros.

En el recurso tuvimos la humorada de incluir una solicitud de medida cautelar de suspensión de la vigencia del Real Decreto impugnado, de modo que las Comisiones de Evaluación siguieran en funcionamiento mientras el recurso se tramitaba y decidía, con el obvio fundamento de que parecía irreparable el eventual daño consistente en que se practicasen algunos abortos realmente no acogidos a ninguno de los tres supuestos despenalizados, pero que “pasaran” precisamente por falta de una adecuada comprobación, que era lo que patentemente venían haciendo las Comisiones de Evaluación y que la nueva norma no encomendaba a nadie en concreto.

Por hacer corto el relato, el Tribunal Supremo, contra todo pronóstico, dictó un Auto admitiendo a trámite el recurso y estimando la medida cautelar solicitada, de modo que, pese al revuelo político y mediático que aquello produjo, con una memorable intervención televisiva esa misma tarde en el “Telediario” de la noche del entonces Ministro de Justicia D. Fernando Ledesma Bartret, anunciando un recurso de reforma contra el Auto en cuestión, las Comisiones de Evaluación se mantuvieron en funcionamiento nada menos que dieciocho meses hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando nuestro recurso y poniendo fin al único sistema de filtro o garantía medianamente serio que ha tenido el derecho español para comprobar que los abortos practicados como legales, o mejor dicho como despenalizados, realmente se encontrasen en alguno de los tres casos efectivamente previstos en la ley.

La estadísticas oficiales de abortos despenalizados practicados en España demuestran que tras la desaparición de las Comisiones de Evaluación los abortos pasaron de los 411 de 1986 a los 16.206 en 1987, los 26.609 de 1988 y por encima de los 30.500 en 1989 y creciendo todos los años posteriores hasta los más de 118.000 en 2011, desde cuya fecha se observa un progresivo pero leve descenso, quizás propiciado en parte por la libre comercialización de potentes abortivos químicos bajo la denominación de “píldora del día después”, que obviamente ya no precisan de intervención quirúrgica alguna.

Es muy discutible calcular cuántos españoles han nacido entre 1987 y 1988 protegidos por las Comisiones de Evaluación en los 18 meses que éstas se han mantenido activas en toda España por efecto del recurso de “Acción Familiar” y que no lo habrían hecho sin ese recurso.

Suponiendo que la cifra de 30.500 abortos de 1989 (primer año completo sin Comisiones de Evaluación) es la mínima que se habría alcanzado en 1987 sin el recurso, podríamos atribuir 14.300 españoles en el año 1987 y otros 4.500 en 1988, más el efecto estadístico de retrasar el crecimiento vegetativo de la cifra anual, al menos otros dos o tres años. Solo con esos dos años estamos hablando de 18.800 nacidos. Y quizás otros varios miles más en años inmediatos. Aunque fueran la mitad. O la cuarta parte. Siguen siendo miles de vidas alumbradas, que nunca habrían nacido sin ese recurso.

Nos atrevemos a afirmar que no existe ningún recurso de ningún abogado en ningún país que pueda haber logrado un efecto como este. Solo con él basta para justificar toda una vida dedicada a la abogacía.